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Concepto de trata de seres humanos para la explotación sexual

La trata supone una transacción con la persona entendida como un objeto (la persona es el objeto de la transacción), que exige además de un movimiento –que puede ser licito o ilícito- unos fines de explotación de las personas víctimas de la trata, explotación que puede ser sexual, laboral, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos.

 

Texto de CH. Guerrero

 

Nuestro ordenamiento jurídico no tiene una definición de lo que es la trata de mujeres y niñas. Sin embargo, contamos con instrumentos jurídicos suficientes y de aplicación directa, que nos dan una definición clara de trata de personas y del tráfico ilícito de personas.

 

Así tenemos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. (Protocolo de Palermo). Ratificado por España mediante instrumento de 21 de febrero de 2003 (BOE 11-12-2003)

 

Qué es la trata de personas: según el artículo 3 del Protocolo:

 

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado.

 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo.

 

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.

 

Y a la vez que se suscribe dicho Protocolo se suscribe también el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que también complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. Ratificado por España mediante instrumento de 21 de febrero de 2003 (BOE 10-12-2003)

Qué es el tráfico ilícito de personas: según el artículo 3 del Protocolo:

 

Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de un persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.

 

Así mismo se define lo que supone “entrada ilegal”, como “el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor”.

 

Son Protocolos distintos y son delitos distintos, y también son bienes jurídicos distintos a proteger, distintas las víctimas y por lo tanto distintos los mecanismos de protección.

 

En el delito de tráfico ilícito de migrantes, el bien jurídico lesionado – o protegido- es la soberanía del Estado, -tanto del país de origen como del país de transito o de destino-, en cuanto sujeto pasivo, ya que se vulneran sus disposiciones relativas a los requisitos para entrar o salir de su territorio, estos es, sus controles migratorios.

 

El tráfico ilícito de personas-migrantes es una transacción comercial por un servicio, el cruce irregular de frontera con documentos falsos o a través de lugares fuera del control migratorio.

 

Dicho de otro modo, el tráfico ilícito de migrantes se centra en el mero transporte, en la facilitación de la entrada, siempre irregular, en un Estado. En el tráfico el movimiento o transporte es el fin en si mismo del acto constitutivo de delito y se acaba ahí.

 

En el delito de trata de personas, el sujeto pasivo es la persona, porque, más allá de una cuestión de inmigración irregular, supone una grave vulneración de derechos humanos: a la vida, a la integridad física y psíquica, al derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad, y a la seguridad de no ser sometido a la esclavitud en ninguna de sus formas.

 

La trata supone una transacción con la persona entendida como un objeto (la persona es el objeto de la transacción), que exige además de un movimiento –que puede ser licito o ilícito- unos fines de explotación de las personas víctimas de la trata, explotación que puede ser sexual, laboral, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos.

 

Así, no todo cruce de fronteras es trata ni toda trata conlleva un cruce de fronteras, lícito o ilícito. Puede existir un delito de trata sin que exista cruce de fronteras, si la captación de mujeres o niñas se lleva a cabo en Galicia y su explotación sexual se desarrolla en cualquier otra ciudad de España, por ejemplo, o existiendo un cruce de fronteras, éste puede ser legal, si se introducen mujeres en España con la documentación en regla y, una vez dentro del país, se las fuerza a prostituirse o a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud. En ambos supuestos estamos ante un delito de trata sin que se haya producido una entrada ilícita.

 

Tener claras estas diferencias supone definir el problema, actuar considerando a la víctima de trata en una posición que no recaiga sobre ella la prueba, independientemente de que exista consentimiento o no, dado que es una violación de los derechos humanos, mientras el tráfico de personas no es reconocido como una violación de los derechos humanos pero si es una violación a las leyes migratorias y comprende la participación voluntaria de inmigrantes con el fin de obtener la entrada o admisión ilegal o irregular a otro país.

 

En cuanto a la existencia de consentimiento de la víctima de trata es un consentimiento no valido porque no se acepta el consentimiento a una esclavitud posterior, como no serán validos los contratos de esclavitud donde una persona disponga de sus derechos humanos.

 

A tenor de lo dicho, se incurre en un error cuando se utiliza indistintamente el término trata y tráfico, no pudiéndose olvidar que las personas traficadas son mayoritariamente hombres y, sin embargo, las personas tratadas son mayoritariamente mujeres y niñas, sobre todo en la trata con fines de explotación sexual, siendo ésta una de las manifestaciones mas brutales de la violencia de genero.

 

Así, las víctimas deben ser protegidas y reparadas ante tal violación de derechos humanos, por lo que es necesario que las víctimas de trata sean identificadas de forma correcta y cuanto antes para aplicarle las medidas adecuadas, que no son las mismas que para las víctimas de inmigración ilegal.

 

En cuanto a nuestra normativa vigente, hemos de decir que también incurre en dicho error, dado que regula la trata como un tipo agravado de tráfico cuando éste es para la explotación sexual, dejando, además, sin tipificar otras formas de explotación.

La normativa actual del tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de seres humanos para la explotación sexual viene de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros, que modifica el Código Penal e introduce en el tráfico ilegal o inmigración clandestina, la trata de personas como un tipo agravado del mismo.

TITULO XV BIS. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Artículo 318 Bis.

1. El que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, será castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión.

2. Si el propósito del tráfico ilegal o la inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas, serán castigados con la pena de cinco a 10 años de prisión.

3. Los que realicen las conductas descritas en cualquiera de los dos apartados anteriores con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas, serán castigados con las penas en su mitad superior.

4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a 12 años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados 1 a 4 de este artículo, en sus respectivos casos, e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.

En los supuestos previstos en este apartado la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente señalada.

 

La inclusión del apartado 2 del artículo 318 Bis en el Titulo de los Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros se produce para adaptar nuestro derecho a la Decisión Marco del Consejo de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.

 

Así pues, la reforma de la Ley 11/2003, no fue acertada al regular la trata de seres humanos, que además solo contempla la trata para la explotación sexual, dejando fuera otras formas de explotación como la extracción de órganos o matrimonios forzados, dado que sólo perseguía un reforzamiento de las políticas de control de las migraciones y de cierre de fronteras.

 

Por otra parte, la trata de seres humanos para la explotación laboral está penada en el artículo 312 del Código Penal, situado en el Titulo XV, de los Delitos contra los derechos de los trabajadores.

 

Por último, y en cuanto a la regulación punitiva, decir que la pena impuesta al delito de tráfico de personas, es desproporcionada con relación a la pena que se impone a la trata, teniendo en cuenta los derechos que se vulnera en uno y en otro delito, siendo una pena alta para el tráfico ilícito de inmigrantes, y una pena baja comparativamente para la trata.

 

El tratamiento del tráfico ilícito de personas-inmigrantes, se complementa con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, donde se establecen las consecuencias para quien entra en nuestro país sin documentación regular, generalmente la devolución a su país de origen.

 

Cuando una victima de trata es calificada cómo infractora de tráfico irregular, la normativa que se le aplica es la regulación de extranjería, es decir la expulsión a su país, sólo la colaboración con las autoridades administrativas o con la justicia la puede situar en otras condiciones, bien de víctima de tráfico ilícito o bien de trata.

 


 

 
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